Auditoría a la Subsecretaría de Prevención del Delito constató que no se cumplieron las bases del proceso, efectuado en 2020, y que involucró un monto de $378 millones.
La Contraloría General iniciará un sumario en la Subsecretaría de Prevención del Delito, debido a irregularidades dadas a conocer en su informe 277, de 2021, que investigó la licitación y ejecución del contrato para adquirir cámaras corporales para Carabineros de Chile.
El documento da cuenta de falencias en dicho proceso, efectuado durante 2020 y que comprendió la compra de cámaras corporales para la policía uniformada por $ 378 millones, que debían tener como una de las principales características la función “post recording”, que consiste en mantener la grabación por 120 segundos luego que la cámara fuese apagada.
Se determinó que Motorola, empresa que se adjudicó la licitación, presentó su propuesta fuera del plazo establecido para la postulación. Este solo hecho implicaba que la propuesta debió declararse inadmisible, sin embargo, igualmente se visó la adjudicación en marzo de 2020.
Además, en su propuesta, la firma no presentó antecedentes que acreditaran que las cámaras contaban con la función “post recording”, elemento expresamente señalado entre las exigencias en las bases de licitación. En otro punto, la empresa tampoco cumplió con entregar documentación sobre el plazo de entrega total del sistema. No obstante, igualmente se le asignó puntaje máximo.
Tras la recepción de las 300 cámaras, la CGR constató que la Subsecretaria de Prevención del Delito no verificó que los aparatos cumplieran efectivamente con función post recording, lo que implicaba la aplicación de multas por incumplimiento a las bases de licitación.
Por todos los hechos descritos, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario para determinar las responsabilidades administrativas correspondientes. Además, el organismo envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine la eventual configuración de delitos.